La revista de las mujeres que inspiran
La crisis de la vivienda también tiene rostro de mujer. El aumento de los alquileres, la precariedad laboral, las diferencias de ingresos y las responsabilidades de cuidados están dificultando cada vez más el acceso a una vivienda digna. Para muchas mujeres, tener trabajo ya no garantiza poder vivir solas, independizarse o mantener el hogar que han construido.
Hay una frase que resume buena parte de la angustia que atraviesa hoy a muchas mujeres: «Tengo trabajo, pero no puedo permitirme una casa».
No es una contradicción. Es una realidad que empieza a ser demasiado frecuente.
Mientras la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad, las mujeres afrontan esta crisis desde una posición especialmente vulnerable. No porque necesiten menos vivienda que los hombres, sino porque llegan al mercado residencial con más obstáculos: menores ingresos, mayor presencia en empleos a tiempo parcial o precarios, más responsabilidades de cuidados y, en muchos casos, la responsabilidad económica de un hogar en solitario.
Y cuando todos esos factores se juntan, encontrar una casa deja de ser simplemente una cuestión económica. Se convierte en una cuestión de autonomía, seguridad y proyecto de vida.
Los últimos datos disponibles dibujan un escenario difícil.
En septiembre de 2026, el precio medio del alquiler en Canarias alcanzó los 15,2 euros por metro cuadrado, según los datos de Idealista. Es un 4,3 % más que en septiembre de 2025. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife el precio se situó en 15,3 euros por metro cuadrado.
Otros datos recientes de Fotocasa sitúan el alquiler medio de una vivienda tipo de 80 metros cuadrados en torno a los 1.258 euros mensuales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 1.293 euros en la provincia de Las Palmas.
Detrás de esas cifras hay algo mucho menos abstracto: personas que hacen cuentas cada mes para saber si podrán seguir viviendo donde viven. Y entre ellas hay muchas mujeres.
Para una mujer que vive sola, el precio de la vivienda no se reparte entre dos salarios.
Puede tener un empleo estable y, aun así, encontrarse con que una parte excesiva de sus ingresos se destina al alquiler, los suministros, la alimentación y el transporte.
La situación se complica todavía más cuando hablamos de mujeres separadas o divorciadas, madres solas, mujeres mayores o trabajadoras con empleos de bajos salarios.
En esos casos, la vivienda puede convertirse en el factor que determina prácticamente todas las demás decisiones: dónde trabajar, dónde vivir, si tener hijos, si separarse, si volver a estudiar, si independizarse o incluso si permanecer en la isla en la que se ha construido una vida.
La vivienda no es solo un techo. Es la posibilidad de elegir.
La desigualdad se hace especialmente visible en los hogares monoparentales.
La propia normativa y las políticas de vivienda de Canarias reconocen las dificultades específicas de estas familias. El Gobierno de Canarias ha establecido medidas específicas para familias monoparentales dentro del programa Hipoteca Joven Canaria y contempla también criterios de prioridad para estas unidades familiares en determinadas políticas de acceso a la vivienda.
Pero una ayuda puntual no resuelve necesariamente un problema estructural.
Una madre que trabaja no solo necesita pagar un alquiler. Necesita pagar también alimentación, suministros, transporte, educación, cuidados y, en muchos casos, servicios que le permitan conciliar. Y si pierde el empleo o disminuyen sus ingresos, no existe otro salario en el hogar que pueda absorber el golpe. Por eso la crisis de la vivienda tiene también una dimensión de igualdad.
Existe además una realidad de la que se habla mucho menos. La de las mujeres que llegan a los 50, 60 o 70 años viviendo solas.
Una separación, una viudedad o una trayectoria laboral marcada por interrupciones para cuidar de hijos, padres o familiares puede traducirse en una pensión o unos ingresos inferiores.
El problema de la vivienda no desaparece con la edad. En algunos casos, se hace más difícil. Esta realidad conecta también con otra cuestión de la que hemos hablado en Más Mujer: la soledad de las mujeres mayores, una situación que puede verse agravada cuando vivir sola deja de ser una elección y se convierte en una necesidad económica.
Porque una mujer mayor que vive sola no puede compensar fácilmente una subida del alquiler aumentando sus horas de trabajo. Y porque mudarse también puede significar abandonar el barrio, la red de amistades, los servicios sanitarios o la proximidad de familiares. La vivienda es, también, arraigo.
Quizá una de las consecuencias menos visibles de esta situación sea que muchas mujeres están empezando a modificar decisiones personales por motivos económicos.
Hay quien retrasa la maternidad. Quien renuncia a tener más hijos. Quien continúa compartiendo vivienda mucho después de la edad en la que imaginaba independizarse. Quien vuelve a casa de sus padres después de una separación. Quien acepta vivir lejos de su lugar de trabajo. Quien comparte piso a los 40 o a los 50 porque vivir sola resulta económicamente imposible. Y quien permanece en una relación porque separarse significaría no poder asumir el coste de dos viviendas.
Son decisiones personales, sí. Pero detrás de muchas de ellas hay una variable que no podemos ignorar: el precio de la vivienda.
Esta semana, la conversación sobre vivienda ha vuelto a ocupar las calles de Canarias.
Se han producido movilizaciones por el derecho a la vivienda y cientos de personas ha iniciado una acampada para reclamar soluciones ante la dificultad de acceder a una vivienda digna. Siempre aparece una misma sensación: para muchas personas, trabajar ya no garantiza poder acceder a un hogar.
El Gobierno de España ha aprobado esta misma semana nuevas medidas relacionadas con la protección de personas vulnerables, los alquileres y el acceso a la vivienda, en un contexto marcado por la fuerte presión social y política alrededor de este problema. Pero en medio de este debate hay una pregunta que merece ocupar un lugar propio:
La respuesta no puede limitarse a saber cuánto cuesta un alquiler. Hay que mirar también quién tiene el salario más bajo, quién trabaja a tiempo parcial, quién cuida, quién cría sola, quién tiene una pensión menor, quién vive sola y quién tiene menos capacidad de ahorro. Porque cuando la vivienda se encarece, la desigualdad también se encarece.
El acceso a una vivienda digna no puede convertirse en un premio para quien tiene dos salarios, ayuda familiar o capacidad para aportar una entrada.
Tampoco debería obligar a una mujer a permanecer en una relación, renunciar a la maternidad, abandonar su isla o aceptar unas condiciones laborales que no desea.
Necesitamos hablar de vivienda como un derecho, pero también necesitamos hablar de ella desde una perspectiva de género. Porque las estadísticas pueden decirnos cuánto ha subido el alquiler.
Las mujeres pueden contarnos qué han tenido que dejar de hacer para poder pagarlo. Y quizá esa sea la pregunta que deberíamos empezar a hacernos:
¿Cuántas decisiones de vida estamos tomando las mujeres en función del precio de nuestra casa?
La respuesta nos dirá mucho más sobre la crisis de la vivienda que cualquier cifra.
La vivienda tiene un precio. La independencia también. Y para muchas mujeres, hoy, ambas cosas están demasiado cerca de ser un lujo.
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